Las lesiones se habrían producido después de que Rocky fuera amarrado a la parte posterior de un vehículo y arrastrado por varias cuadras.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila reveló los resultados de la necropsia practicada a Rocky, el perro que murió después de ser amarrado y arrastrado por un vehículo en el norte de Saltillo, un caso que generó indignación tras difundirse imágenes de la agresión en redes sociales.
El dictamen forense estableció que el animal murió como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante los hechos, mientras el proceso penal contra la mujer señalada como presunta responsable continúa abierto.
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De acuerdo con los resultados dados a conocer por la Fiscalía, la causa del fallecimiento fue establecida como “muerte por dolor”, derivada del dislocamiento de la segunda y tercera vértebra cervical, además de la ruptura de la tráquea.
Las lesiones se habrían producido después de que Rocky fuera amarrado a la parte posterior de un vehículo y arrastrado por varias cuadras. De acuerdo con la información recabada sobre el caso, el perro también habría sido atropellado durante el mismo incidente.
El resultado de la necropsia será incorporado a la carpeta de investigación que mantiene abierta la Fiscalía para continuar con el esclarecimiento de los hechos.
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El caso tomó relevancia luego de que comenzaron a circular en redes sociales videos en los que se observa al animal siendo arrastrado por calles de un sector ubicado al norte de Saltillo.
La difusión de las imágenes provocó denuncias y reacciones de ciudadanos y organizaciones dedicadas a la protección animal, lo que derivó en la intervención de las autoridades estatales.
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La mujer identificada por las autoridades como Liliana “N” fue detenida y posteriormente vinculada a proceso por un juez de control, luego de que el Ministerio Público presentara datos de prueba relacionados con la agresión contra el animal.
Durante la audiencia, la defensa habría argumentado que la imputada atravesaba por un episodio relacionado con afectaciones de salud mental al momento de los hechos; sin embargo, este planteamiento fue descartado por la autoridad judicial en esa etapa del procedimiento.
El juez estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual tanto el Ministerio Público como la defensa podrán incorporar nuevos elementos antes de las siguientes etapas judiciales.
