Coahuila enfrenta déficit de brazaletes electrónicos para supervisar a agresores de mujeres.
La capacidad de Coahuila para monitorear mediante dispositivos electrónicos a personas señaladas por violencia familiar o agresiones contra mujeres permanece limitada debido a la falta de suficientes brazaletes, reconoció el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González.
El funcionario explicó que este mecanismo representa una herramienta adicional para reducir los riesgos que enfrentan las víctimas, pero su aplicación está condicionada tanto por las decisiones de los jueces como por el número de equipos disponibles actualmente en la entidad.
La situación cobra mayor relevancia ante el crecimiento del Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres, que actualmente concentra mil 762 nombres, una cifra considerablemente superior a la registrada cuando comenzó a funcionar este padrón.
El principal problema identificado por las autoridades es la cantidad limitada de dispositivos electrónicos disponibles para atender los casos en los que una persona requiere un mecanismo de supervisión.
Pimentel González señaló que los brazaletes son una de las opciones que pueden utilizarse para vigilar a personas sujetas a un proceso judicial y, con ello, disminuir el riesgo de que se acerquen a las víctimas. Sin embargo, aclaró que no todos los casos de violencia implican necesariamente la colocación de uno de estos aparatos.
Ante esta situación, el Poder Judicial de Coahuila ya tiene conocimiento de la necesidad de incrementar el número de equipos y, según lo informado por el secretario de Gobierno, se han gestionado recursos adicionales para adquirir más dispositivos.
Además de los brazaletes convencionales existen equipos duales, especialmente utilizados en casos de violencia familiar. Estos permiten conocer la ubicación tanto de la persona señalada como de la víctima y generar una alerta cuando ambos se aproximan, siempre que un juez determine que esta herramienta es necesaria.
Por ahora, la disponibilidad limitada representa un reto para ampliar el uso de esta tecnología en los casos de mayor riesgo.
Te puede interesar:
No necesariamente. Una de las precisiones realizadas por el secretario de Gobierno es que las órdenes de restricción y los dispositivos electrónicos son mecanismos distintos.
La decisión sobre las medidas cautelares corresponde a los jueces, quienes deben analizar las características de cada expediente y determinar qué acciones son adecuadas de acuerdo con el nivel de riesgo existente. Por ello, una prohibición para acercarse a la víctima no significa automáticamente que el agresor tendrá que portar un brazalete.
Las autoridades también pueden establecer otras medidas, entre ellas restricciones específicas de movilidad o contacto, así como la obligación de acudir a atención psicológica o participar en programas destinados a modificar conductas violentas.
El reto, sin embargo, no termina con la emisión de una orden judicial. Para que una medida de protección sea efectiva también es necesario contar con mecanismos capaces de detectar oportunamente una posible violación y permitir que las autoridades respondan.
Esta necesidad adquiere especial importancia en aquellos expedientes donde existe un riesgo elevado para la víctima, pues el seguimiento puede convertirse en un elemento preventivo frente a nuevos episodios de violencia.
El Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres contabiliza actualmente mil 762 personas, frente a las 678 que aparecían cuando comenzó a operar en 2022.
La diferencia representa un incremento de mil 84 registros, equivalente a aproximadamente 160 por ciento en menos de cinco años. El crecimiento del padrón muestra la dimensión que ha adquirido el seguimiento judicial de casos relacionados con violencia contra las mujeres en el estado.
Por municipios y regiones, Saltillo concentra el mayor número de registros, con 543 personas, seguido por Torreón, con 272; la Región Carbonífera, con 168; Monclova, con 145; Acuña, con 95, y San Pedro de las Colonias, con 32. El resto se distribuye entre otros distritos judiciales.
No obstante, las autoridades advierten que estos números no deben interpretarse como el total de órdenes de restricción vigentes en Coahuila. El padrón corresponde a personas que ya recibieron una sanción judicial relacionada con delitos de violencia contra las mujeres, mientras que una medida de protección puede emitirse en una etapa diferente de una investigación o proceso.
Esto significa que puede existir una víctima protegida mediante una orden de restricción aun cuando la persona señalada todavía no aparezca en el registro estatal.
En este escenario, uno de los principales desafíos para las instituciones consiste en fortalecer tanto la disponibilidad de tecnología como la capacidad de supervisión.
La existencia de más brazaletes no sustituye las decisiones judiciales ni las demás medidas de protección, pero puede proporcionar una herramienta adicional para detectar acercamientos prohibidos y facilitar una reacción de las autoridades ante situaciones consideradas de riesgo.
Te puede interesar:
