Coahuila exige frenar criminalización de docentes ante alerta por más de 100 suspensiones sin pruebas por presunto acoso.
Ante el aumento de denuncias que no han sido acreditadas con pruebas suficientes, en Coahuila se encendieron las alertas por la forma en que se están aplicando los protocolos contra trabajadores del sector educativo, lo que ha derivado en la suspensión de más de un centenar de docentes y personal escolar.
La diputada local Magaly Hernández Aguirre advirtió que la actual actuación de la Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU) podría estar vulnerando derechos laborales al aplicar sanciones anticipadas, sin que exista una resolución jurídica que determine responsabilidad.
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La legisladora explicó que, en numerosos casos, las denuncias por presunto acoso u otras conductas se presentan sin elementos suficientes, pero aun así generan consecuencias inmediatas para los trabajadores señalados.
Estas medidas incluyen la separación de sus funciones y la suspensión total de ingresos, sin que previamente se les haya garantizado el derecho a un juicio justo.
Hernández Aguirre subrayó que este fenómeno no solo afecta a docentes frente a grupo, sino también a personal administrativo y de apoyo, lo que revela un problema estructural de acoso laboral dentro del sistema educativo estatal.
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De acuerdo con la información expuesta, actualmente más de 100 trabajadores se encuentran bajo revisión de la Dirección Jurídica de la SEDU, lo que implica la interrupción total de sus actividades y percepciones salariales mientras se analiza su situación legal.
La diputada enfatizó que esta condición impacta directamente en la estabilidad económica y emocional de las familias de los trabajadores, muchos de ellos principales proveedores de sus hogares, sin que exista hasta el momento una resolución que confirme su culpabilidad.
Hernández Aguirre informó que ya se impulsa una iniciativa en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para revisar y modificar los protocolos vigentes, con el objetivo de evitar sanciones automáticas y garantizar procesos más justos y equilibrados.
La legisladora señaló que el avance de esta propuesta dependerá de la voluntad política del Congreso local, al considerar que la protección de la estabilidad laboral y la presunción de inocencia son fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema educativo y la confianza institucional.
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