El Congreso de Coahuila aprobó reformas al Código Penal para fortalecer el combate a la extorsión.
El Congreso del Estado de Coahuila aprobó una serie de reformas al Código Penal estatal y a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, con las que se busca reforzar el marco legal e institucional para la prevención, investigación y combate del delito de extorsión.
Las modificaciones también permiten armonizar la legislación local con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, vigente a nivel federal.
La reforma posiciona a Coahuila como la primera entidad del país en adoptar un modelo más amplio que no solo cumple con la armonización legal, sino que también introduce nuevas herramientas operativas para atender este delito, considerado uno de los que mayor impacto genera en la seguridad y el patrimonio de las familias.
En el dictamen aprobado se reconoce que la extorsión ha evolucionado en los últimos años, pasando de prácticas aisladas a convertirse en un mecanismo sistemático de financiamiento y control territorial por parte de grupos delictivos, lo que ha incrementado su incidencia y complejidad.
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Uno de los principales ejes de la reforma es la creación de la Unidad de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, la cual estará adscrita al Centro Estatal de Atención de Emergencias y Contacto Ciudadano. Esta unidad especializada permitirá concentrar y canalizar denuncias de manera más eficiente.
Entre los cambios más relevantes se encuentran:
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La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión establece un marco jurídico integral que obliga a las entidades federativas a adecuar su legislación local. Dicha ley contempla:
En este contexto, la iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal planteó reformas que permiten cumplir con esta obligación legal, al tiempo que refuerzan el andamiaje institucional para enfrentar un delito de alto impacto social.
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Además de los cambios legales, la reforma amplía las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en materia de prevención, atención y combate a la extorsión. Esto incluye el uso de tecnología y mecanismos de georreferenciación, herramientas consideradas clave ante un delito que suele cometerse mediante llamadas telefónicas, mensajes y plataformas digitales.
El enfoque integral de la reforma busca no solo sancionar la extorsión, sino también proteger los derechos humanos, salvaguardar el patrimonio de la población y dar continuidad a la estrategia de blindaje de seguridad en Coahuila.
Con estas modificaciones, el estado fortalece su marco jurídico frente a un delito que continúa siendo uno de los principales retos en materia de seguridad pública a nivel nacional.
