Justicia para Allende y Piedras Negras: familias reclaman acciones en Coahuila, México, tras proceso en Estados Unidos (EU).
La apertura de un proceso judicial en Estados Unidos contra el exlíder criminal Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como el Z-40, reavivó la exigencia de justicia por las masacres ocurridas en el norte de Coahuila durante la ola de violencia registrada en la década pasada.
Autoridades estadounidenses formalizaron cargos por homicidios relacionados con hechos ocurridos desde 2011 en comunidades como Allende y Piedras Negras, donde decenas de personas fueron asesinadas o desaparecidas. El caso fue presentado ante una corte federal y, debido a la gravedad de los delitos, se solicitaron medidas especiales de seguridad durante el juicio.
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Fiscales federales atribuyen al exlíder criminal la coordinación de operaciones que derivaron en asesinatos de civiles, incluyendo mujeres y menores. La acusación sostiene que la organización mantuvo actividades ilícitas incluso mientras su dirigente permanecía recluido, razón por la cual el proceso se maneja bajo protocolos de alta seguridad.
El avance judicial generó reacciones entre colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos, quienes señalaron que la investigación en el país vecino representa un paso importante, pero insuficiente, mientras en México no se esclarezcan responsabilidades de autoridades que presuntamente permitieron la operación del grupo criminal.
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Colectivos de búsqueda consideran que el juicio internacional representa solo una justicia parcial. Insisten en que también deben investigarse a funcionarios y actores locales que habrían permitido la violencia. Señalan que muchos responsables no han sido procesados, han fallecido o permanecen prófugos, lo que mantiene abiertas las heridas para las comunidades afectadas.
Diversas agrupaciones han sostenido que las agresiones no se dieron de manera aislada, sino en un contexto de tolerancia institucional. Informes académicos y testimonios de víctimas apuntan a posibles actos de corrupción y omisiones durante ese periodo, lo que para las familias explica por qué las investigaciones nacionales han avanzado lentamente.
Las desapariciones y asesinatos marcaron profundamente a la región, originando movimientos ciudadanos dedicados a la localización de personas. Desde entonces, familiares han entregado información a autoridades y continúan participando en búsquedas, aunque denuncian lentitud institucional y obstáculos legales que dificultan el acceso a la verdad.
Mientras el proceso en el extranjero avanza, las familias reiteran que la reparación completa solo llegará cuando también en territorio mexicano se determinen responsabilidades y se esclarezcan los hechos que dejaron a cientos de víctimas en Coahuila.
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