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La medida incorpora al marco jurídico estatal los lineamientos federales, pero además suma disposiciones propias que buscan fortalecer la persecución penal de este delito en la entidad, atendiendo las modalidades que más afectan a la población coahuilense.
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La diputada Guadalupe Oyervides Valdez destacó que la iniciativa no solo replica la norma federal, sino que la ajusta a la realidad del estado, integrando cambios al Código Penal y a la Ley Orgánica de Seguridad Pública para definir con mayor claridad el delito, sus modalidades y las instancias responsables de su investigación.
La legislación contempla diversas formas en las que se comete este ilícito, como extorsiones telefónicas, fraudes digitales, mensajes por aplicaciones de mensajería, cobro de piso y esquemas como los llamados “montachoques”.
Además, se establecen procedimientos claros para la investigación y se homologan las sanciones, lo que facilita la coordinación entre autoridades estatales y federales para combatir este delito de manera integral.
¿Cómo impacta esta ley en la vida diaria de la ciudadanía?
La reforma busca atender situaciones que se presentan de forma cotidiana, como llamadas de extorsión, engaños a través de paquetería o amenazas enviadas por redes sociales. Al contar con un marco legal unificado, Coahuila podrá detectar, investigar y sancionar estos delitos con mayor certeza jurídica y rapidez.
Las autoridades señalaron que esta armonización fortalece las capacidades institucionales del Estado y aprovecha los avances tecnológicos y estratégicos ya implementados en materia de seguridad pública.
¿Qué establece el nuevo tipo penal de extorsión aprobado por el Congreso?
La legislación define un tipo penal básico aplicable en todo el país, al establecer que comete extorsión quien, sin derecho, obligue a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, con el fin de obtener un beneficio propio o para terceros, provocando un daño patrimonial, moral, físico o psicológico.