Exigen esclarecer agresión a joven presuntamente LGBT+ en Saltillo; llaman a reforzar acciones contra la discriminación.
La difusión de un video en redes sociales, en el que se observa a varios jóvenes agrediendo físicamente a otro, generó el pronunciamiento de organizaciones defensoras de los derechos de la diversidad sexual en Coahuila, que solicitaron a las autoridades investigar los hechos y determinar si existió un posible componente de discriminación.
La asociación San Aelredo A.C. pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizar las indagatorias necesarias para establecer dónde ocurrió la agresión, quiénes participaron y si la víctima fue atacada debido a su orientación sexual, identidad o expresión de género.
El caso ha reavivado el debate sobre la violencia que todavía enfrenta la población LGBT+ y sobre la necesidad de fortalecer acciones de sensibilización, especialmente entre las nuevas generaciones.
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La principal petición realizada por la organización es que la Fiscalía actúe para esclarecer los hechos que aparecen en el video y determine si se configura algún delito.
Noé Ruiz Malacara, presidente de San Aelredo A.C., expresó preocupación por el contenido de las imágenes, donde se observan agresiones físicas y verbales contra un joven que, de acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, pertenecería a la comunidad LGBT+.
El activista consideró importante que las autoridades identifiquen a las personas involucradas y verifiquen si la agresión tuvo un motivo relacionado con prejuicios o discriminación.
La asociación también subrayó que cualquier acto de violencia debe investigarse sin importar la orientación sexual o identidad de las personas involucradas, pero destacó que en casos donde pudiera existir odio o discriminación es fundamental aplicar un análisis especializado.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el lugar exacto donde ocurrieron los hechos ni la identidad de los participantes, por lo que la investigación permitirá determinar las circunstancias reales del caso.
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Aunque Coahuila ha sido reconocido por contar con avances en materia de derechos humanos y legislación relacionada con la no discriminación, organizaciones civiles consideran que todavía existen desafíos importantes en el ámbito social.
Ruiz Malacara señaló que la existencia de leyes y mecanismos de protección no elimina por sí sola las conductas discriminatorias, por lo que resulta necesario trabajar en la construcción de una cultura de respeto e inclusión.
El dirigente explicó que este tipo de situaciones muestran que todavía persisten expresiones de rechazo o intolerancia hacia las personas de la diversidad sexual, especialmente en algunos sectores de la sociedad.
Por ello, insistió en la importancia de fortalecer acciones educativas y campañas de sensibilización que permitan generar mayor conocimiento sobre la población LGBT+, sus derechos y su participación dentro de la sociedad.
El objetivo, añadió, es evitar que la orientación sexual o la identidad de género se conviertan en motivos para actos de violencia, exclusión o discriminación.
Uno de los puntos que destacó la asociación es la necesidad de trabajar directamente con niñas, niños y jóvenes para construir entornos más incluyentes.
La organización considera que la educación y la información son herramientas fundamentales para reducir conductas discriminatorias y prevenir agresiones motivadas por prejuicios.
Ruiz Malacara señaló que es necesario promover espacios donde las nuevas generaciones comprendan qué es la diversidad sexual y por qué todas las personas deben vivir libres de violencia.
Además, hizo un llamado a la sociedad para rechazar cualquier manifestación de intolerancia y respaldar el respeto a los derechos humanos.
El caso también vuelve a colocar sobre la mesa la importancia de garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia y que las instituciones respondan de manera oportuna ante denuncias relacionadas con agresiones o discursos de odio.
Mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes, organizaciones civiles reiteraron que ninguna persona debe ser atacada por su orientación sexual, identidad o expresión de género, y advirtieron que la construcción de una convivencia pacífica requiere combatir tanto la violencia física como las expresiones de discriminación.
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