Se detectaron arrendamientos sin respaldo documental, domicilios inexistentes en contratos y presunto uso de empresas fantasma durante la administración de Tania Flores.
La exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, enfrenta nuevos señalamientos por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante su administración municipal.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que no se justificaron 57 millones 145 mil 80 pesos provenientes de fondos federales, aunque el monto total observado podría superar los 250 millones de pesos.
El informe detalla inconsistencias en diversos programas financiados con recursos federales, lo que abre la posibilidad de acciones resarcitorias o incluso denuncias ante autoridades competentes.
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Según la ASF, las irregularidades corresponden al manejo de recursos de tres fondos principales: el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun), el Fortamun y las Participaciones Federales.
El desglose incluye 14.7 millones de pesos del Faismun destinados a obras de drenaje y rehabilitación deportiva; 38.05 millones del Fortamun, donde destaca el arrendamiento de maquinaria por 31.5 millones; y 4.24 millones de Participaciones Federales asignadas a proyectos como la Casa de Rescate Animal y el programa alimentario Múzquiz Somos Todos.
La auditoría detectó obra pública sin comprobar, arrendamientos sin respaldo documental, domicilios inexistentes en contratos y presunto uso de empresas fantasma.
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El dictamen señala que varios proyectos financiados con recursos federales carecen de evidencia suficiente sobre su ejecución o impacto. También se cuestiona la legalidad de algunos contratos y la transparencia en programas sociales.
Estos hallazgos contrastan con declaraciones previas de la exfuncionaria, quien aseguró en su momento que las finanzas municipales se encontraban en orden. La ASF puede exigir la devolución de recursos o promover responsabilidades administrativas y penales.
Además de las observaciones financieras, la exalcaldesa fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio abusivo de funciones, relacionado con la presunta asignación ilegal de obra pública y contratos. Las investigaciones apuntan a un posible desvío de recursos que podría ascender a 280 millones de pesos.
Como medida cautelar, un juez ordenó que la exfuncionaria se presente periódicamente a firmar ante la autoridad mientras continúan las indagatorias. El plazo para la investigación complementaria podría extenderse hasta seis meses.
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Durante su administración se registraron múltiples conflictos políticos y sociales. Entre los señalamientos destacan despidos masivos de trabajadores municipales, presuntas confrontaciones con autoridades estatales, conflictos con integrantes del cabildo y denuncias de ciudadanos y periodistas por hostigamiento.
El proceso de entrega-recepción también fue cuestionado por la presunta desaparición de vehículos oficiales y el deterioro de servicios públicos. Asimismo, comerciantes y productores locales denunciaron presiones administrativas y afectaciones económicas durante ese periodo.
Autoridades estatales y federales mantienen abiertas diversas investigaciones derivadas de auditorías, denuncias y revisiones al ejercicio del gasto público. Para amplios sectores de la población, estos procesos representan un punto clave para esclarecer el manejo de los recursos y determinar responsabilidades conforme a la ley.
