Treviño Morales ordenó una brutal represalia tras sospechar que un informante lo había traicionado ante autoridades estadounidenses.
Familiares de personas desaparecidas y víctimas de las masacres ocurridas en 2011 en Allende y Piedras Negras exigieron que la justicia estadounidense no otorgue beneficios carcelarios a Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40”, exlíder del cártel de Los Zetas, actualmente recluido en una prisión federal de Virginia, Estados Unidos.
Las organizaciones de familiares sostienen que relajar las medidas de aislamiento sería un agravio para quienes aún buscan a sus seres queridos y un riesgo debido a la capacidad operativa que, aseguran, el capo mantuvo incluso tras su captura.
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Daniel Durán, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), afirmó que un responsable de crímenes masivos no debe recibir privilegios penitenciarios.
Según testimonios y expedientes, en 2011 Treviño Morales ordenó una brutal represalia tras sospechar que un informante lo había traicionado ante autoridades estadounidenses.
Como parte de esa venganza, integrantes del grupo criminal secuestraron a hombres, mujeres y niños en Piedras Negras y posteriormente extendieron la violencia a Allende, donde decenas de personas fueron desaparecidas, asesinadas e incluso incineradas.
Para las familias, permitirle mejores condiciones en prisión significaría ignorar la magnitud de los hechos y el dolor acumulado durante más de una década.
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que presentará ante el juez evidencia que lo vincula directamente como autor intelectual y material de las masacres. Los fiscales se oponen a retirar las Medidas Especiales Administrativas (SAM), un régimen de aislamiento extremo reservado para internos considerados altamente peligrosos.
Treviño Morales fue trasladado a territorio estadounidense en marzo de 2025. Su defensa argumenta buena conducta, lectura intensiva de más de mil libros, y actividades como yoga para solicitar la flexibilización del confinamiento. Sin embargo, las autoridades lo describen como uno de los líderes criminales más violentos de este siglo.
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Los hechos marcaron uno de los episodios más oscuros en la historia reciente de Coahuila. Investigaciones posteriores documentaron desapariciones masivas, ejecuciones, destrucción de viviendas y un control territorial absoluto por parte del grupo criminal.
Además, al exlíder se le atribuye la fuga de aproximadamente 130 reos del penal de Piedras Negras en 2012 y la presunta operación de un “campo de exterminio” dentro de ese centro penitenciario.
Organizaciones civiles sostienen que estos crímenes ocurrieron en un contexto de impunidad y omisión institucional, lo que permitió al grupo actuar con libertad durante años.
