Esto exige la Delegación D-III-1 de la Sección 12 del SNTE, con la toma de las instalaciones de la Secretaría de Educación de Durango
Las instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) permanecen tomadas este lunes 14 de septiembre por integrantes de la Delegación D-III-1 de la Sección 12 del SNTE.
Los trabajadores de la educación reclaman el cumplimiento de acuerdos alcanzados con la autoridad educativa y la liberación de diversos trámites administrativos que, aseguran, podrían afectar los derechos laborales y salariales de trabajadores.
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La representación sindical sostiene que la protesta responde a una serie de retrasos e incumplimientos de acuerdos que, desde su perspectiva, pueden terminar afectando los derechos laborales y el salario de trabajadores.
Entre sus principales exigencias se encuentra que se respeten los mecanismos de interlocución establecidos con la autoridad educativa desde una protesta anterior realizada en enero de este mismo año.
De acuerdo con la Delegación D-III-1, el antecedente de la actual movilización se remonta a principios de 2026, cuando surgieron diferencias relacionadas con trabajadores que contaban con Licencia por Comisión Sindical sin goce de sueldo y que habían solicitado oportunamente la prórroga correspondiente para continuar bajo ese esquema durante este año.
La representación sindical afirma que, en aquel momento, existía preocupación por la posibilidad de que trabajadores fueran dados de baja pese a haber presentado sus solicitudes de prórroga.
Además, señala que algunos movimientos administrativos relacionados con dichas licencias permanecieron retenidos en áreas de la Secretaría de Educación, lo que habría puesto en riesgo el cumplimiento de los calendarios establecidos para la captura de movimientos ante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
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Ante esa situación, la Delegación realizó una manifestación en enero y posteriormente se instaló una mesa de negociación. Según la organización sindical, uno de los acuerdos alcanzados fue establecer comunicación directa para atender los trámites de personal de sus agremiados mediante un enlace institucional designado por la propia Secretaría de Educación.
La Delegación sostiene que este mecanismo permitió durante varios meses mantener comunicación con la autoridad y avanzar en distintos movimientos administrativos.
El problema, según la representación sindical, volvió a presentarse meses después con una serie de movimientos derivados de una jubilación.
La Delegación D-III-1 afirma que estos trámites permanecieron alrededor de 60 días en una de las áreas administrativas de la Secretaría de Educación, pese a que se trataba de una cadena de movimientos que, de acuerdo con su versión, no implicaba la creación de nuevas plazas ni un aumento en la plantilla laboral.
La finalidad de estos movimientos sería aprovechar una vacante existente para beneficiar a trabajadores mediante procesos como recategorizaciones y la cobertura provisional de una plaza, incluyendo el tránsito de una persona que se encontraba bajo un esquema de honorarios.
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La organización sindical señala que, ante el paso del tiempo y la cercanía de los plazos administrativos relacionados con el FONE, solicitó información sobre el estado de los documentos.
La respuesta que recibió, según su propio comunicado, fue que los trámites se encontraban en revisión y que existían dudas sobre el porcentaje de plazas que correspondía proponer a la representación sindical.
La Delegación asegura que posteriormente revisó la situación con el enlace institucional establecido desde enero y que, después de analizar los movimientos realizados durante el año, consideró acreditado el cumplimiento de los acuerdos.
Sin embargo, sostiene que los documentos continuaron sin avanzar y que, después de presentar formalmente el oficio D-III-1/125/2026, los trámites fueron devueltos al día siguiente, aunque sin las firmas correspondientes.
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Uno de los principales argumentos de la protesta es el riesgo de que los retrasos administrativos terminen repercutiendo directamente en los trabajadores.
La Delegación D-III-1 reconoce que la autoridad educativa tiene facultades para revisar que los movimientos de personal cumplan con la normatividad, pero considera que dichas revisiones deben resolverse dentro de plazos razonables y mediante determinaciones claras.
El sindicato sostiene que los procedimientos relacionados con el FONE contemplan límites para determinados pagos retroactivos, por lo que una demora administrativa podría ocasionar que un trabajador enfrente consecuencias económicas por un trámite que no depende directamente de él.
Por ello, uno de los reclamos centrales de la movilización es que ningún trabajador termine perdiendo salario debido a retrasos generados durante la revisión o procesamiento de sus movimientos laborales.
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Entre las principales demandas de la Delegación D-III-1 se encuentra restablecer y respetar los acuerdos alcanzados en enero, así como mantener un enlace institucional para atender directamente los movimientos de su personal.
También solicita resolver los trámites que permanecen detenidos y que, cuando exista algún impedimento normativo, la autoridad lo comunique por escrito y de manera fundada y motivada.
La representación sindical pide además que se respeten los acuerdos relacionados con la distribución de vacantes definitivas, que se establezcan criterios específicos para las vacantes temporales derivadas de Licencias por Comisión Sindical y que se agilicen movimientos como recategorizaciones, cambios de adscripción y procesos derivados de jubilaciones o renuncias.
Otro de sus planteamientos es delimitar las atribuciones de las distintas áreas administrativas para evitar, según señala, duplicidad de revisiones o trámites que prolonguen innecesariamente los procesos.
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La Delegación D-III-1 asegura que la protesta no representa un rompimiento con la Secretaría de Educación ni pretende sustituir las funciones de la dirigencia de la Sección 12 del SNTE.
Por el contrario, señala que su objetivo es que se retome el mecanismo de diálogo establecido meses atrás y que se instale una mesa resolutiva con las áreas competentes para atender los trámites pendientes.
La organización sindical también sostiene que continuará privilegiando el diálogo y la búsqueda de acuerdos, pero considera que la defensa de los derechos laborales requiere recurrir a la manifestación cuando los procedimientos administrativos permanecen sin una respuesta definitiva.
Así, la movilización de este lunes tiene como punto central la exigencia de que los acuerdos alcanzados con anterioridad sean respetados y que los trámites de personal no permanezcan detenidos durante periodos que puedan terminar afectando la estabilidad laboral y económica de los trabajadores de Oficinas Centrales.
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