Tras el anuncio presidencial de la consulta indígena en todo el país, Chiapas será de las entidades con más actividad para conocer la opinión de indígenas y afromexicanos.
El anuncio presidencial para someter a consulta el contenido que tendría la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos tendrá diferentes sedes en la república, por la complejidad, tamaño y dispersión de los grupos que se identifican como tales, que en Chiapas implicará al menos seis asambleas.
La convocatoria emitida el pasado 29 de junio, publicada en el diario oficial, contempla que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), la Secretaría de Gobernación (GOBERNACIÓN) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) encabecen los trabajos que concluirán en el mes de Octubre, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que el 12 de octubre estará enviando la propuesta de ley al poder legislativo.
Foto: Archivo María Inés Muñoz
Chiapas es uno de los estados con mayor concentración de población indígena en zonas de alta marginación, que dependían de programas y acciones centralizadas para atender temas como dotación de agua potable y sistemas de saneamiento.
Al menos 49 municipios tiene n población indígena y de acuerdo a la medición 2022 del CONEVAL el 81% carece de servicios básicos en sus viviendas, el 94% a seguridad social y el 50% no tiene acceso a desarrollo educativo.
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Comunidades como La Candelaria, residentes en San Cristóbal de las Casas, es una localidad indígena tzotzil que recién obtuvo mediante amparo ante la Suprema Corte la posibilidad de ejercer directamente recursos, los cuales deberán justificar ante las autoridades, limitando sus formas de autogobierno a el respeto a los derechos humanos, especialmente en el tema de cohabitación forzada de menores, práctica normalizada dentro de su sistema de usos y costumbres, acotada por los Ministros de la corte en su sentencia.
Con la ley general una vez emitida, Chiapas tendrá 180 días para tener su propia normatividad, la cual ya se trabaja para cumplir en tiempo, señaló la Presidenta de la mesa directiva del Congreso estatal, Alejandra Gómez Mendoza.
Destacó que el estado tendrá seis sedes para la realización de la consulta a la ley general en los municipios de Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Las Margaritas, Bochil, Palenque y Copainalá.
Foto: Archivo María Inés Muñoz
Las normas mexicanas para el reconocimiento, respeto y ejercicio efectivo de sus derechos de las poblaciones indígenas y afromexicanas han avanzado los últimos 7 años, estando “congeladas” desde 1996 luego de los acuerdos de San Andrés firmados entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN que obligaban a una serie de revisiones legales, que no se concretaron.
En el año 2001, el EZLN reclamó la falta de cumplimiento de los acuerdos, en especial por no tomar en cuenta a las comunidades indígenas como sujetos de derecho, lo que cambió hasta el último día de septiembre del 2024, con las modificaciones al artículo 2 constitucional; lo que ahora posibilita la discusión de una ley general.
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