Pese a la alta incidencia en deficiencias de atención de salud, la CNDH señaló que en centros federales esta situación no fue observada
Un análisis recientemente publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que, al cierre del año pasado, más de 140 centros penitenciarios del país registraban sobrepoblación.
Aunado a ello, entre los hallazgos principales, el estudio advirtió sobre una alta prevalencia de carencias en la atención a la salud de las personas privadas de la libertad.
Los datos fueron publicados dentro del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025, el cual fue dado a conocer por la CNDH el miércoles 7 de octubre.
Dicho estudio se realizó en 278 centros penitenciarios, incluyendo establecimientos estatales, federales y militares. De este universo, según precisó el organismo, la metodología del DNSP 2025 se aplicó en 261 centros estatales.
Bajo este parámetro, la CNDH señaló que, al momento de realizar la evaluación, 129 de los 261 centros visitados presentaron sobrepoblación.
Estas condiciones de sobrepoblación y hacinamiento se detectaron en recintos distribuidos en 26 entidades del país, lo que, según subrayó la Comisión, vulnera los derechos humanos al interior de los penales.
Aunque la CNDH constató directamente el hacinamiento en 129 penales, el informe destaca que, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cierre de 2025 sumaban 142 los centros penitenciarios con sobrepoblación en todo México.
De acuerdo con el reporte del organismo estadístico, esta cifra representó un incremento de 24 recintos sobrepoblados en comparación con los registros de 2024.
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Los 129 recintos en los que la CNDH constató esta condición se ubican en los siguientes estados: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Sin embargo, las entidades que concentraron el mayor número de centros en esta situación fueron el Estado de México (17), Chiapas (12), Hidalgo (11) y Veracruz (11).
Aunado a ello, y con base en los datos obtenidos a partir de la evaluación del INEGI, los estados con mayor sobrepoblación ese año fueron el Estado de México, Sonora, Chiapas, Nayarit y Morelos; en tanto, las entidades que a diferencia del año anterior registraron sobrepoblación son Jalisco, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas.
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La CNDH señaló que su diagnóstico de 2025 tuvo una cobertura más amplia que la de 2024, lo que permitió documentar un mayor número de irregularidades y la persistencia de diversas carencias en el sistema.
En ese sentido, la Comisión destacó que su análisis más reciente evidenció de manera reiterada la presencia de hacinamiento, así como deficiencias en la atención a la salud.
Según la CNDH, la gran mayoría de los centros que visitaron presenatron deficiencias en la atención a la salud de las y los reclusos. Foto: Canva
Estas fallas en los servicios de salud fueron detectadas en la gran mayoría de los centros penitenciarios visitados en el país, ya que de los 261 centros estatales evaluados, en 201 (77%) se observó dicha problemática.
Esta carencia fue menos frecuente en los 14 Centros Federales supervisados durante la aplicación del DNSP 2025, donde solo dos (14.3%) de ellos presentaron esta situación.
Entre otros puntos observados por la CNDH, su estudio documentó una insuficiencia estructural de personal de custodia y seguridad en los centros penitenciarios del país, así como la presencia de fenómenos de autogobierno o cogobierno.
Según subrayó el organismo, estas situaciones afectan las condiciones de vida, el acceso a servicios básicos, el contacto con el exterior, la seguridad y las posibilidades efectivas de reinserción social de las personas privadas de la libertad.
Estas mismas problemáticas derivan, a la vez, en un deterioro de las condiciones del entorno provocado por el incremento de la delincuencia organizada.
Como subrayó el organismo, esta serie de deficiencias afectan las posibilidades de reinserción social de las personas privadas de la libertad.. Foto: Canva
De igual forma, la Comisión planteó que los penales no pueden evaluarse de forma uniforme, ya que influyen los contextos socioeconómicos y de seguridad de cada entidad federativa.
Por ende, la CNDH enfatizó que el estudio sirve como fundamento para extender las exigencias al Estado mexicano, a fin de que se cumpla con el principio de progresividad y el deber correlativo de no regresividad, y para que se fortalezcan de manera constante los mecanismos de supervisión, en lugar de limitarse a reproducir año con año el mismo alcance de observación.
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