El acusado y otros hombres habrían mantenido una relación con miembros del Cártel y les habrían informado cómo evitar a las autoridades.
Un gran jurado federal de Estados Unidos presentó una acusación contra Loyd Walter Hall, un ciudadano estadounidense de 27 años, por presuntamente integrar una red dedicada al suministro ilegal de armas de fuego al Cártel de Sinaloa, organización a la que las autoridades estadounidenses consideran una organización terrorista extranjera.
De acuerdo con la acusación federal, el residente de Amarillo, Texas, enfrenta 12 cargos, entre ellos conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para distribuir sustancias controladas destinadas a su importación a Estados Unidos, posesión de armas de fuego para facilitar delitos relacionados con el narcotráfico y múltiples declaraciones falsas durante la compra de armamento.
Las autoridades estadounidenses advirtieron que, en caso de ser declarado culpable, Hall podría ser sentenciado a cadena perpetua en una prisión federal.
Según la investigación, la red habría operado entre 2024 y 2026, periodo en el que Hall y varios colaboradores mantuvieron contacto con un integrante del Cártel de Sinaloa asentado en el estado de Chihuahua.
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La acusación sostiene que el estadounidense no solo facilitó armas de fuego, sino que también proporcionó asesoría técnica para evadir los controles de las autoridades estadounidenses durante la adquisición y traslado del armamento.
El fiscal federal destacó que cada arma traficada hacia México fortalece la capacidad operativa de los cárteles para expandir sus actividades criminales, incluyendo el narcotráfico, la violencia y el robo de combustible.
Asimismo, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) aseguró que la investigación documenta intentos deliberados para burlar la legislación estadounidense en materia de compra y exportación de armas.
La acusación también alcanza a Jesús Quezada Meza, ciudadano mexicano residente en Dumas, Texas, y a Omar Velásquez, residente de Utah, quienes enfrentan cargos por conspiración para adquirir y traficar armas de fuego. Ambos podrían recibir hasta 15 años de prisión si son encontrados culpables.
En tanto, Catlynn Ann Townsend, de 29 años, fue imputada por presentar información falsa durante la compra legal de armamento, delito que contempla una pena máxima de cinco años de cárcel.
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El fiscal federal destacó que cada arma traficada hacia México fortalece la capacidad operativa de los cárteles. Foto: Gaceta UNAM
El proceso judicial ocurre en medio del reforzamiento de las acciones estadounidenses para frenar el tráfico ilegal de armas hacia México.
El pasado 22 de junio, autoridades de Estados Unidos informaron el aseguramiento de 43 mil cartuchos en el puerto fronterizo de Mariposa, Arizona, mediante tecnología de inspección no intrusiva utilizada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Este decomiso se suma a los resultados de un operativo encabezado por la ATF desde enero de 2025, en el que fueron aseguradas 4 mil 359 armas de fuego que presuntamente tenían como destino organizaciones criminales en México, además de cientos de miles de cartuchos.
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), entre el 77% y el 78% de las armas aseguradas a grupos delictivos en México provienen de Estados Unidos.
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