De acuerdo con el Departamento del Tesoro de EEUU hay alertas y acusaciones que permiten retratar nuevas modalidades en el blanqueo de capitales.
El lavado de dinero es una de las principales herramientas que utiliza el crimen organizado para dar apariencia de legalidad a las ganancias obtenidas por actividades ilícitas.
En México, diversas investigaciones de las autoridades han identificado que organizaciones del narcotráfico recurren a negocios de distintos sectores para ocultar el origen de los recursos, facilitar movimientos financieros y mezclar dinero ilegal con ingresos legítimos.
Estos esquemas han permitido movilizar millones de pesos a través de empresas aparentemente legales que, en algunos casos, operan como fachadas al servicio de grupos criminales, así lo dice el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a las estafas relacionadas con tiempos compartidos en México como uno de los mecanismos utilizados por organizaciones criminales para obtener recursos ilícitos y posteriormente incorporarlos al sistema financiero.
De acuerdo con la dependencia estadounidense, Puerto Vallarta se ha convertido en uno de los principales focos de este tipo de fraude, en el que presuntamente participa el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mediante esquemas dirigidos principalmente contra ciudadanos estadounidenses jubilados.
Infografía sobre el lavado de dinero en México. Foto: IA | Canva
Como parte de las acciones emprendidas, el Tesoro sancionó a cuatro ciudadanos mexicanos y 13 empresas vinculadas con esta red.
Entre las compañías señaladas se encuentran negocios dedicados a la venta de tiempos compartidos, inmobiliarias, operadores turísticos, una empresa de transporte, una firma de contadores y una agencia de viajes, las cuales, según las autoridades, habrían servido para facilitar las operaciones fraudulentas.
El esquema consistía en contactar a propietarios de tiempos compartidos mediante llamadas telefónicas o correos electrónicos, haciéndose pasar por agentes inmobiliarios o abogados para ofrecer la compra o venta de sus semanas vacacionales.
Posteriormente solicitaban depósitos por supuestos impuestos, comisiones o gastos administrativos que debían transferirse a cuentas en México. Una vez realizado el pago, los responsables desaparecían.
El Departamento del Tesoro informó que durante 2023 fueron sancionadas otras 22 personas y 30 empresas relacionadas con estas estafas, como parte de las acciones para combatir las estructuras financieras utilizadas por grupos criminales.
Brian E. Nelson, entonces subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, afirmó que estas organizaciones operan mediante empresas que aparentan ser legítimas, pero que en realidad sirven para lavar recursos obtenidos a través de fraudes contra ciudadanos estadounidenses.
Según cifras del FBI, desde 2019 más de 6 mil estadounidenses han sido víctimas de estos esquemas, con pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares. Sin embargo, las autoridades consideran que el número real podría ser mayor debido a que muchos casos no son denunciados.
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El Departamento del Tesoro sostiene que las redes criminales recurren a empresas aparentemente legales para mover e incorporar al sistema financiero los recursos obtenidos mediante estas estafas, dificultando su rastreo por parte de las autoridades.
Especialistas en combate al lavado de dinero advierten que los grupos criminales modifican constantemente sus métodos para ocultar el origen de los recursos, lo que obliga a las autoridades financieras a reforzar sus mecanismos de supervisión.
Infografía sobre el fraude de las criptomonedas. Foto: IA | Canva
En este contexto, las autoridades estadounidenses han señalado que los activos virtuales, incluidas las criptomonedas, pueden ser utilizados en algunos casos para facilitar el movimiento de dinero ilícito por la rapidez de las transacciones y la dificultad para rastrear ciertas operaciones cuando no existen controles adecuados.
Asimismo, aclaran que el uso de criptomonedas no es ilegal por sí mismo y que también tienen aplicaciones legítimas dentro del sistema financiero.
Especialistas coinciden en que el combate al lavado de dinero sigue siendo un desafío, ya que las organizaciones criminales desarrollan nuevos mecanismos para ocultar recursos ilícitos mientras las investigaciones avanzan a un ritmo más lento.
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