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Este miércoles 22 de julioasesinaron a otro periodista: Francisco Alejandro Leyva Aguilar.
Lo mataron mientras comía en un puesto de comida en la calle, en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca. Francisco ya había afirmado que temía por su vida:
“Realmente me preocupa, en verdad, que no puedan mancharme y entonces traten de callarme como lo han hecho con tantos periodistas que han sido asesinados por pensar diferente o por decir la verdad de la manera más cruda posible”, afirmó Francisco ante cámara en su videocolumna “El zumbido del Moscardón”.
Francisco tenía un estilo frontal y confrontativo y era particularmente duro contra distintas figuras del gobierno oaxaqueño. Sus videos, aseguró el comunicador, le habían valido amenazas. De manera clara responsabilizó de lo que pudiera sucederle a tres personas: Salomón Jara, gobernador morenista de Oaxaca, Jesús Romero, secretario de gobierno estatal, y Geovany Vásquez Sagrero, consejero jurídico del gobierno de Jara. En junio de 2025, el periodista presentó denuncias formales contra los tres funcionarios públicos.
Después del asesinato, el gobernador publicó un mensaje donde condenó los hechos, reconociendo que Francisco era “crítico a su gobierno”, añadiendo que su administración es “respetuosa de la crítica y de la libertad de expresión”. He aquí la contradicción: esta semana, reporteros oaxaqueños denunciaron que Jara aseguró que crearía una lista de “medios enemigos”. Eso evidentemente no es muy “ser respetuoso de la crítica” que digamos.
El asesinato de Francisco no es el único en días recientes. Apenas la semana pasada, el 16 de julio en Puebla, mataron a Josué Martínez Contreras, director del medio Noticias San Martín Texmelucan. Sujetos en una moto le dispararon a unos metros de su casa. De acuerdo a medios locales, lo asesinaron frente a su mamá y su hijo de 13 años.
Con estos asesinatos el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ya suma 14 comunicadores asesinados (en seguimiento a los datos de Artículo 19):
Mauricio Cruz Solís, Michoacán (29 de octubre 2024)
Cayetano de Jesús Guerrero, Estado de México (17 de enero 2025)
Kristian Uriel Martínez Zavala, Guanajuato (2 de marzo de 2025)
Raúl Irán Villareal Belmont, Guanajuato (13 de marzo de 2025)
José Carlos González Herrera, Guerrero (15 de mayo de 2025)
Ángel Sevilla, Sonora (8 de julio de 2025)
Ronald Paz Pedro, Guerrero (9 de julio de 2025)
Miguel Ángel Beltrán Martínez, Durango (25 de octubre de 2025)
Carlos Leonardo Ramírez Castro, Veracruz (8 de enero 2026)
Luis Ángel López Valdés, Veracruz (11 de junio 2026)
Manuel Alejandro Moreno Serna, Guerrero (junio 2026)
Roxana Berenice Guzmán, Veracruz (junio 2026)
Josué Martínez Contreras, Puebla (16 de julio de 2026)
Francisco Alejandro Leyva Aguilar, Oaxaca (22 de julio de 2026)
No debemos pasar por alto las actualizaciones del caso de Roxana Berenice Guzmán, secuestrada el 2 de junio en Veracruz. Se confirmó que ocho personas fueron detenidas en relación a su secuestro y asesinato. Cuatro de los detenidos fueron identificados como policías locales. Lo repito para que quede claro: ¡Policías municipales fueron detenidos por presuntamente estar detrás del secuestro y asesinato de una periodista! No incluyo más signos de exclamación porque coloque los que coloque, serían insuficientes para representar mi indignación.
Los policías, siguen órdenes. ¿De quién? La Fiscalía de Veracruz tiene una teoría. Acusan al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, de Movimiento Ciudadano de haber sido el autor intelectual. De acuerdo a la información preliminar de las investigaciones, el alcalde ordenó su asesinato porque ella tenía una fotografía donde él aparecía con una arma larga.
La fiscalía también señala a otro alcalde emecista, Bertín Bravo Montero del municipio de Úrsulo Galván. Bravo Montero también es investigado por la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López. Resulta que el último lugar donde fueron vistos fue en la casa del edil. Claro, ahorita ahorita no los pueden detener porque tienen fuero, esa protección legal que blinda a los políticos.
Lo que nos muestran demasiados casos de periodistas asesinados en nuestro país es que, las y los comunicadores no sólo deben protegerse del crimen organizado, sino también de demasiadas figuras del poder político, al cual tenemos la responsabilidad de cuestionar, es la función de nuestro trabajo. ¿Cómo solucionar esta crisis, cuando los funcionarios que deben protegernos, demasiadas veces, están detrás de estos crímenes? Lo hemos visto históricamente: policías, alcaldes, y gobernadores.
En tanto no se rompa ese deseo de callar a la crítica, y no se elimine el nexo entre políticos y el crimen organizado, esta seguirá siendo nuestra realidad en México.