Cuando la soberanía choca con la moral

La guerra de ideas y de balanzas geopolíticas se ha instalado en el corazón de las relaciones internacionales...

La guerra de ideas y de balanzas geopolíticas se ha instalado en el corazón de las relaciones internacionales tras los recientes ataques militares de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, un hecho que ha sacudido el derecho internacional y ha sembrado más dudas que certezas sobre las reglas que rigen la convivencia entre Estados soberanos.

La narrativa oficial estadounidense describe la operación —que incluyó bombardeos en Caracas, incursiones militares y la detención de Maduro y su esposa— como una acción legítima contra un gobernante señalado por narcotráfico, terrorismo y violaciones múltiples a los derechos humanos. El presidente Donald Trump y su gabinete insisten en justificar la intervención como una medida de seguridad nacional y un paso hacia “la estabilidad democrática” en la región.

No obstante, la reacción global ha sido diversa y en muchos casos crítica. Organismos como la ONU han expresado alarma por el deterioro del sistema internacional basado en reglas, advirtiendo que el uso de la fuerza sin mandato del Consejo de Seguridad viola principios fundamentales de la Carta de la organización.

A la par, líderes de países de varias latitudes han condenado lo que consideran una violación de la soberanía venezolana y un precedente peligroso que puede socavar la paz mundial.

Para comprender la magnitud del dilema político, es útil plantear una paradoja moral y jurídica: ¿Es legítimo que un país “invada” a otro para poner fin a una situación de violencia, opresión o crisis humanitaria, aún en contra de las reglas de no intervención y de respeto a la soberanía? Aquí entra en escena una analogía casi cotidiana: la de una persona que observa a su vecina siendo violentada en su casa.

Por años, esta mujer sufre abusos físicos, psicológicos, económicos, pide auxilio sin eco, y la sociedad se niega a intervenir por temor a “violar la propiedad privada”. Hasta que un día un vecino decide irrumpir en la vivienda, detener al agresor y rescatar a la víctima. Legalmente, el vecino cometió una invasión a otra casa; moralmente, muchos podrían considerar su acto justificable, incluso heroico, para terminar con el sufrimiento prolongado.

Si trasladamos esta paradoja al plano de las relaciones internacionales, la pregunta se vuelve polémica: ¿Hasta qué punto es lícito que una gran potencia intervenga en otro Estado “para rescatar” a los ciudadanos de una situación de crisis interna?

Aunque millones de venezolanos han padecido décadas de colapso económico, escasez de derechos básicos, represión estatal y migración masiva, no existe consenso jurídico internacional que permita a un Estado violar la territorialidad de otro bajo el pretexto de “humanitarismo”. La soberanía —el principio de no intervención— es piedra angular del derecho internacional desde 1945.

De hecho, expertos en derecho internacional sostienen que la acción de Estados Unidos en Venezuela constituye una clara violación del derecho internacional, pues no fue respaldada por un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU ni estuvo definida por una amenaza inminente que justificara legítimamente el uso de la fuerza bajo el marco jurídico global.

Esto ha llevado a muchas naciones y juristas a calificar la operación como un acto de agresión, y no sólo como una medida de seguridad o de rescate humanitario.

Más aún, la detención de un jefe de Estado soberano —cuyos crímenes pueden o no ser reales— bajo la bandera de una fuerza exterior, rompe con siglos de normas diplomáticas y políticas que relegan tales procedimientos a la cooperación judicial y a mecanismos de extradición multilateral, no a misiones militares.

Estos principios, aunque imperfectos, han servido de colchón para evitar que los países poderosos instrumentalicen el derecho internacional en beneficio propio.

La situación de Venezuela es, sin duda, trágica y compleja. La crisis socioeconómica, la polarización política y las denuncias de violaciones de derechos humanos han generado indignación global.

Pero la respuesta militar unilateral de una superpotencia plantea una disyuntiva peligrosa: ¿es la fuerza un camino legítimo para la justicia cuando los mecanismos pacíficos parecen fallar? Y, más importante aún, ¿qué precedentes sienta esta acción para un mundo que proclama respetar reglas y normas internacionales?

En este escenario, el dilema no es trivial ni retórico. La paradoja del vecino que irrumpe para salvar a una mujer maltratada puede sonar conmovedora, pero convertirla en política de Estado equivaldría a sacrificar el principio de soberanía en el altar de intereses estratégicos poderosos.

En el equilibrio entre el derecho y la fuerza, entre la moral y el poder, el desafío de la comunidad internacional es enorme: ¿respetar las reglas existentes, aunque parezcan insuficientes, o permitir que la fuerza de los más poderosos dicte el nuevo orden global?

La respuesta a esta pregunta definirá no sólo el futuro de Venezuela, sino la credibilidad del sistema internacional que, todavía hoy, sostiene que ningún país —por rico o poderoso que sea— puede decidir unilateralmente el destino de otro sin consecuencias legales y políticas profundas.