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En política mexicana hay una frase que se repite cada sexenio...
En política mexicana hay una frase que se repite cada sexenio: “México necesita una reforma electoral de gran calado.” Es una expresión que suele escucharse con frecuencia desde el poder, y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que el país debe volver a modificar las reglas del juego democrático.
No es la primera vez que ocurre. Desde hace décadas, cada generación política ha intentado rediseñar el sistema electoral bajo el argumento de hacerlo más eficiente, más representativo o más austero. Sin embargo, en la práctica legislativa las reformas electorales no se aprueban con discursos ni con voluntad política aislada; se aprueban con votos y con acuerdos.
Y ahí es donde comienza el verdadero problema.
Hace apenas algunos días llegó al Congreso de la Unión, específicamente a la presidencia de la Cámara que encabeza Kenia López Rabadán, la propuesta enviada por el Ejecutivo federal para una nueva reforma electoral. No entraré en esta columna al contenido técnico de dicha iniciativa, porque ese análisis merece otro espacio. Lo que hoy resulta interesante observar es la dinámica política que se está generando alrededor de la propuesta.
Era previsible que los partidos de oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— manifestaran su desacuerdo. En política eso es parte del juego democrático: el gobierno propone y la oposición cuestiona. Nada nuevo.
Lo verdaderamente llamativo ocurre dentro de la propia coalición que llevó a Morena al poder.
Tanto el Partido Verde Ecologista de México como el Partido del Trabajo, aliados históricos del movimiento obradorista y hoy socios del oficialismo, han comenzado a marcar distancia de manera abierta y contundente.
El líder parlamentario del PT en el Congreso Reginaldo Sandoval, ha sido particularmente claro al señalar que no están dispuestos a respaldar una reforma que, desde su perspectiva, podría concentrar el poder en un solo partido. En sus palabras, el país no puede regresar a escenarios donde una sola fuerza política domine el sistema durante décadas, como ocurrió durante los setenta años de hegemonía del PRI en el siglo pasado.
En términos políticos, el mensaje es más profundo de lo que parece. Para entenderlo, imaginemos una mesa de póker. Morena es el jugador con más fichas, pero para ganar la partida necesita que algunos de sus aliados también apuesten. Si esos aliados deciden retirar sus fichas de la mesa, la jugada simplemente no se puede concretar.
Eso es exactamente lo que está ocurriendo en el Congreso.
Las reformas electorales son reformas constitucionales. Y las reformas constitucionales, por técnica legislativa, requieren mayorías calificadas, es decir, dos terceras partes de los votos en el Congreso. No basta con tener mayoría simple ni con ganar elecciones. Se necesitan aliados, acuerdos y negociaciones políticas finas.
En otras palabras: la aritmética legislativa es implacable.
Si Morena no cuenta con el respaldo del Partido Verde y del Partido del Trabajo, simplemente no hay números suficientes para modificar la Constitución.
Por eso resulta particularmente interesante observar cómo estos partidos aliados están leyendo el escenario político.
Desde su perspectiva, apoyar una reforma electoral, podría significar algo más que una simple modificación institucional. Podría implicar firmar su propia extinción.
Porque en la lógica de los partidos pequeños o medianos, cualquier reforma que reduzca su margen de participación electoral, su representación o su capacidad de negociación podría terminar debilitándolos hasta llevarlos, eventualmente, a la irrelevancia política. Dicho en términos más sencillos: nadie vota a favor de desaparecerse a sí mismo. Y esa es, probablemente, la línea roja que hoy están defendiendo el Verde y el PT.
La presidenta Sheinbaum ha señalado que no depende únicamente de ella la aprobación de la reforma y que, en última instancia, el pueblo habrá de juzgar las decisiones políticas. Sin embargo, en el mundo legislativo las cosas funcionan de otra manera.
El Congreso no opera con consignas ni con discursos de plaza pública. Opera con acuerdos, negociaciones y consensos políticos. Cuando esos consensos no existen, las reformas simplemente no ocurren.
Y en este momento, todo indica que la propuesta de reforma electoral enfrenta justamente ese obstáculo: la falta de acuerdos incluso dentro del propio bloque gobernante.
La política legislativa es, al final del día, un ejercicio de equilibrio. Gobernar implica convencer, negociar y construir mayorías estables. Cuando esas mayorías se fracturan, incluso las iniciativas más ambiciosas pueden quedarse en el camino.
Por ahora, el tablero político parece claro.
Sin el respaldo del Partido Verde y del Partido del Trabajo, la reforma electoral de la presidenta difícilmente podrá avanzar.
Y en política, como en el ajedrez, hay movimientos que se anuncian con fuerza… pero que nunca llegan a convertirse en jugada final.
