Publicado el
Hay gobiernos que no necesitan levantar la voz para maltratar al ciudadano.
Hay gobiernos que no necesitan levantar la voz para maltratar al ciudadano. Les basta con pedir otra copia, otro sello, otra vuelta, otro oficio, otra firma, otro pago, otra cita y otro “vuelva mañana”.
En Nuevo León, donde todos hablan de inversión, nearshoring, innovación, ciudades inteligentes y futuro mundialista, todavía hay municipios que tratan al ciudadano como si pagar un infracción, pedir un permiso, abrir un negocio, regularizar una propiedad o hacer una gestión sencilla fuera un favor que la autoridad concede, no un derecho que debe garantizar.
Ese es uno de los grandes pendientes de los gobiernos municipales, dejar de convertir el trámite en castigo.
Porque la burocracia no sólo desespera, también cuesta. Cuesta tiempo, dinero, productividad, paciencia y, en muchos casos, oportunidades. Cada vuelta innecesaria a una oficina pública es una hora menos de trabajo, una venta perdida, una obra detenida, una inversión pausada o un ciudadano más que termina por rendirse ante el laberinto administrativo.
El problema no es menor, pues en la práctica muchos municipios siguen funcionando con lógica de ventanilla vieja: expedientes físicos, criterios cambiantes, requisitos poco claros, sistemas que se caen, funcionarios que no resuelven y procesos que parecen diseñados más para cansar que para atender. Y ahí aparece la contradicción, más en municipios considerados modernos y que presumen ser el municipio más rico, seguro y con mayor calidad de vida de México, incluso de América Latina.
Nuevo León quiere jugar en las grandes ligas de la economía, pero algunos de sus municipios siguen pidiendo trámites como si estuviéramos atrapados en otra década.
Se presume modernidad urbana, pero el ciudadano todavía tiene que perseguir sellos. Se habla de competitividad, pero al comerciante se le atora una licencia. Se presume gobierno digital, pero muchas veces digitalizar significa subir un PDF que de todos modos hay que imprimir, entregar en ventanilla y con varias copias.
No hay ciudad moderna con trámites medievales, porque la tramitología también tiene un efecto político y social, abre espacios para la discrecionalidad.
Cuando un requisito no está claro, cuando el plazo no se respeta, cuando el criterio depende de quién atiende, el trámite deja de ser procedimiento y se convierte en terreno fértil para la corrupción.
Por eso simplificar trámites no es un asunto aburrido de administración pública, es una política anticorrupción, es una política económica, es una política ciudadana.
Los municipios son la primera puerta del gobierno, ahí se pide el permiso, se reporta el problema, se busca la licencia, se solicita la autorización, se reclama el servicio y cuando esa primera puerta está cerrada, trabada o llena de candados innecesarios, la confianza en la autoridad se desgasta desde lo más básico.
No todo se resuelve con grandes obras, discursos o anuncios espectaculares, a veces gobernar bien empieza con algo menos vistoso, pero más útil: reducir requisitos, poner plazos claros, eliminar vueltas, unificar criterios, crear ventanillas únicas reales, digitalizar de verdad y medir a los funcionarios por soluciones, no por expedientes acumulados.
Porque el ciudadano no trabaja para el municipio, el municipio trabaja para el ciudadano.
Nuevo León necesita gobiernos locales que entiendan que facilitar no es perder control, sino ganar eficiencia, que simplificar no es relajar la ley, sino hacerla aplicable, que atender rápido no es hacer favores, sino cumplir con una obligación.
El reto no es menor, pero tampoco imposible. Si los municipios quieren atraer inversión, apoyar a los emprendedores, ordenar el crecimiento urbano y mejorar la vida diaria, tienen que empezar por quitar piedras del camino.
La burocracia excesiva no se ve en las fotografías oficiales, no corta listón, no da discurso y no presume logotipo, pero todos los días golpea al ciudadano común.
Y quizá por eso incomoda tanto, porque exhibe una verdad sencilla, que veces el problema no es que la gente no quiera cumplir, a veces el problema es que el gobierno no la deja avanzar.
