¿Qué justicia queremos para Nuevo León?

Hace unos días participé en una mesa de trabajo convocada por el Congreso del Estado...

Hace unos días participé en una mesa de trabajo convocada por el Congreso del Estado. Fue un ejercicio plural, abierto y necesario. Ahí, personas de distintos sectores nos sentamos a reflexionar sobre cómo debe ser la reforma al Poder Judicial de Nuevo León.

No se trató de un debate cerrado ni de posturas rígidas. Fue, más bien, una conversación en la que coincidimos en un punto clave: Nuevo León necesita una reforma judicial profunda, pero bien pensada. Una reforma que incorpore la experiencia de quienes integramos el sistema, que tenga como centro a las personas y a la vez, respete los derechos laborales de las que actualmente lo integran.

Hoy existen seis iniciativas distintas sobre la mesa. Cada una con elementos valiosos, pero también con matices y diferencias importantes. Por eso, más allá de impulsar una sola visión, lo urgente es lograr una iniciativa unificada, construida desde el consenso técnico. Ese es el verdadero reto, y al mismo tiempo, la gran oportunidad.

En este contexto, una pregunta resuena con fuerza y urgencia: ¿Qué juezas, jueces, magistradas y magistrados queremos para nuestro estado? Porque de esa respuesta dependen las reglas que diseñemos hoy. Depende cómo evaluar, cómo seleccionar, cómo se darán a conocer a sus electores y qué perfiles dentro del sistema de justicia representarán a la ciudadanía.

Quienes trabajamos en juzgados y tribunales sabemos que una reforma judicial no puede construirse sin escuchar a quienes imparten justicia. Las reglas importan, sí, pero también importa quién las interpreta, quién las aplica y con qué visión lo hace. De ahí, la importancia de fortalecer mecanismos como la carrera judicial, los procesos de evaluación, y las vías que permitan detectar talento con vocación pública y compromiso social.

Mi experiencia en el ámbito electoral, en donde me he desempeñado en los últimos diez años, y que desde ahí, tengo un punto claro: los tribunales no solo resuelven conflictos en torno a las elecciones. Nuestro trabajo incide directamente en los derechos de participación de la ciudadanía, en la inclusión de sectores históricamente excluidos y en la legitimidad de las decisiones públicas. Por eso insisto, en que una reforma judicial debe tener enfoque de derechos, perspectiva de género y una comprensión clara del contexto en el que se aplica, pues es necesario que también pensemos en los derechos político-electorales de las personas juzgadoras que en su momento formarán parte de este ejercicio democrático.

Además, la elección del Poder Judicial de la Federación que acaba de pasar nos ha dejado aprendizajes que no debemos ignorar, por eso, nos toca replicar en el estado lo que funcionó y ser capaces de identificar las áreas de oportunidad. Aquí en Nuevo León tenemos el reto y el compromiso, de hacerlo mejor: con cuidado, con apertura, y con responsabilidad.

Este tipo de mesas de trabajo no solo permite el diálogo, también abren posibilidades para que la justicia deje de sentirse lejana, y comience a verse como lo que realmente es: una herramienta al servicio de las personas.

Hoy no basta con cambiar leyes si no transformamos también el sentido profundo de la justicia. En cada decisión que tomamos, se alcanza algo más grande: la confianza ciudadana, la equidad en el acceso al derecho y la posibilidad real de un sistema que no excluya, que no discrimine y que no ignore las voces que jamás han sido escuchadas.

¿Queremos una reforma judicial integral, que sea real y cercana a la ciudadanía? Entonces que nos mueva el anhelo de dejar un legado distinto. Porque la justicia que no toca la vida de las personas no merece llamarse justicia.

Y esa, precisamente, es la reforma que vale la pena construir.

Saralany Cavazos Vélez

Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León