La ley contra la extorsión fue aprobada por unanimidad como una medida para la protección de las familias y el combate a este delito.
La 66 Legislatura del Congreso de Tamaulipas aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por la Diputada Lucero Deosdady Martínez López, mediante la cual se expide la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión del Estado.
Con esta acción, la entidad se convierte en una de las primeras del país en adecuar su marco legal a la Ley General aprobada recientemente por el Congreso de la Unión.
La Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión del Estado de Tamaulipas fue aprobada por unanimidad en el Congreso. Foto: Carlos García
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El nuevo ordenamiento está integrado por 43 artículos y disposiciones transitorias que buscan una implementación efectiva.
Incluye la definición del tipo penal de extorsión, sanciones específicas y un catálogo de agravantes que considera modalidades actuales del delito, como el uso de tecnologías, dispositivos electrónicos y plataformas digitales.
La legislación contiene la definición del tipo penal de extorsión, sanciones específicas y un catálogo de agravantes. Foto: Freepik
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La Ley establece la creación de unidades especializadas dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que operarán con control judicial en sus actos de investigación.
También incorpora procedimientos específicos para garantizar el acompañamiento integral y la no revictimización de quienes denuncien.
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Entre los ejes centrales destacan la inclusión de un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad.
Además, se crea el Centro Estatal de Atención a Denuncias por Extorsión, que dependerá de la Secretaría de Seguridad Pública y tendrá como objetivo facilitar la recepción y seguimiento de reportes ciudadanos.
La legislación destaca la creación del Centro Estatal de Atención a Denuncias por Extorsión, que dependerá de la Secretaría de Seguridad Pública. Foto: Freepik
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La Ley establece lineamientos de coordinación interinstitucional entre autoridades estatales, municipales y federales, asegurando que las acciones conjuntas respeten los límites constitucionales. También ordena la implementación de tecnologías para bloquear comunicaciones ilícitas desde centros penitenciarios.
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El nuevo marco legal privilegia la reparación integral del daño a las víctimas, utilizando recursos obtenidos mediante decomisos o procesos de extinción de dominio.
La diputada Lucero Deosdady Martínez López destacó que este avance legislativo representa un paso firme para enfrentar uno de los delitos que más afecta a la población , pues la extorsión “genera miedo, inhibe la inversión y vulnera la estabilidad económica del Estado”.
El decreto aprobado otorga un plazo de 180 días para que las instituciones adecuen sus estructuras y pongan en marcha los mecanismos previstos en la Ley.
