Tras las sanciones contra 11 empresas y cuatro personas vinculadas con el Cártel del Noreste, la administración estatal aseguró que los señalados no han contratado con el Gobierno de Tamaulipas.
El Gobierno de Tamaulipas descartó que las 11 empresas y las cuatro personas físicas sancionadas por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel del Noreste hayan celebrado contratos con la administración estatal desde el inicio del gobierno de Américo Villarreal Anaya.
Tras revisar los padrones de contratistas y proveedores, el Ejecutivo informó que ninguno de los señalados figura en esos registros durante el periodo y anunció medidas preventivas para impedir futuras contrataciones.
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En un posicionamiento emitido tras las designaciones anunciadas el 13 de octubre de 2026 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Gobierno estatal aseguró que ninguna de las personas y empresas señaladas ha celebrado contratos con la administración pública estatal desde el 1 de octubre de 2022.
La revisión comprendió los padrones de contratistas de obra pública y de proveedores de bienes y servicios. De acuerdo con el comunicado, tampoco se encontró que los señalados estuvieran inscritos en dichos registros durante la actual administración.
El pronunciamiento se dio luego de que autoridades estadounidenses anunciaran sanciones contra cuatro personas y 11 empresas con domicilio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Anáhuac, Nuevo León, por sus presuntos vínculos con el Cártel del Noreste.
FOTO | Departamento del Tesoro de EEUU
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Como medida preventiva, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno instruyó a todas las dependencias y entidades del Ejecutivo estatal a impedir cualquier inscripción, adjudicación o contratación con las personas físicas y morales designadas, así como con las empresas en las que participen.
Con esta instrucción, el Gobierno de Tamaulipas busca evitar que los señalados puedan incorporarse a los padrones de proveedores y contratistas o recibir nuevos contratos de la administración estatal.
El Ejecutivo también sostuvo que la contratación pública se realiza conforme a la ley y que los registros correspondientes son de consulta pública.
FOTO | Pedro Torres
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Las designaciones de la OFAC incluyeron compañías relacionadas con los sectores de la construcción, el transporte y la distribución de gas, además de negocios vinculados con las carreras de caballos cuarto de milla.
Entre las empresas señaladas se encuentran Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), Construaceros del Fuerte, Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Grupo Comercial Propano y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
La autoridad estadounidense sostuvo que algunas de estas compañías habrían servido para canalizar recursos, obtener contratos gubernamentales de manera irregular o apoyar las operaciones financieras del Cártel del Noreste.
Estas acusaciones forman parte de los fundamentos de las sanciones y no equivalen, por sí mismas, a una sentencia penal.
La investigación también identificó al Club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo, como un establecimiento presuntamente controlado por el grupo criminal y utilizado para generar ingresos mediante las carreras de caballos.
FOTO | Departamento del Tesoro de EEUU
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El Gobierno estatal reconoció la coordinación que mantienen el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con las autoridades estadounidenses.
Asimismo, puso a disposición de las instancias federales competentes la información que requieran en el marco de las investigaciones.
La UIF informó que sus análisis financieros, fiscales y corporativos detectaron movimientos relevantes de efectivo, transferencias nacionales e internacionales e inconsistencias fiscales entre algunos de los señalados.
La dependencia mexicana aclaró que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida administrativa preventiva y no determina de manera definitiva la responsabilidad penal de las personas involucradas.
El Gobierno de Tamaulipas reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia en el uso de los recursos públicos y la colaboración institucional para contribuir a la seguridad y la paz en el estado.
