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De acuerdo con los habitantes, la actividad avícola continúa ahora en la comisaría de Tzemé, lo que encendió de nuevo la preocupación por posibles afectaciones ambientales y el incumplimiento de resoluciones judiciales.
¿Qué denuncian los defensores del territorio maya?
Defensores del territorio maya y habitantes de la zona poniente de Yucatán denunciaron que la empresa avícola Crío continúa operando en el poblado de Tzemé, ubicado en el municipio de Kinchil, pese a que existen dos suspensiones judiciales que frenó sus actividades en la región.
¿Qué exigen las comunidades mayas a las autoridades?
Los defensores y habitantes mayas exigieron a las autoridades estatales y federales realizar verificaciones inmediatas en Tzemé.
Señalaron que la suspensión ordenada por instancias judiciales debe aplicarse en todo el territorio donde la empresa tenga operaciones relacionadas con el proyecto original que fue detenido.
Foto: Irving Gil
Los colectivos pidieron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informen públicamente sobre el estado actual de las verificaciones y presenten un informe claro sobre la situación en Tzemé.
“La empresa sigue trabajando violando dos sellos federales. Es un desastre lo que está pasando, ellos han destruido las pirámides y así han quedado nuestros vestigios arqueológicos”, precisó el activista.
¿Qué responde la empresa Crío y cuál es el siguiente paso legal?
Hasta el momento, representantes de Crío no han ofrecido una postura pública respecto a las acusaciones, pero las comunidades adelantaron que iniciarán nuevos procedimientos legales.
En Kinchil, #Yucatán, clausuramos las actividades de ampliación de una granja avícola por no contar con la autorización correspondiente en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. La Profepa trabaja para garantizar que las actividades productivas se desarrollen… pic.twitter.com/JoRcgNsYB6
“Es un aniquilamiento de la cultura maya y estamos indignados por la situación. Exigimos que se castigue a las personas responsables de este daño irreparable. Nosotros metimos un amparo y seguiremos en la lucha”, dijo.
Las comunidades señalaron que continuarán monitoreando la zona y documentando evidencia de operaciones irregulares, pues consideran fundamental proteger los recursos naturales y garantizar que las resoluciones judiciales se cumplan sin excepciones.