Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial
Tiempo de lectura:
—
¿Fue útil este resumen?
Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia
Artificial.
Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones
o
interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta
la
nota completa para obtener el contexto completo.
De este total, 25 millones de pesos provienen de la ATY y 50 millones de pesos del Gobierno estatal, lo que refleja un esfuerzo conjunto para asegurar un servicio eficiente y accesible.
¿Cuánto es el monto de aportaciones al transporte público en Yucatán?
Con esta nueva aportación, el monto acumulado de transferencias extraordinarias para garantizar la operatividad del sistema asciende a 1,080 millones de pesos, que incluyen los 1,005 millones previamente otorgados, más los 75 millones recién anunciados.
¿Cuál es el presupuesto aprobado para la ATY en 2025?
El presupuesto aprobado por el Congreso del Estado para la ATY en 2025 asciende a 2,544 millones 780 mil 268 pesos, de los cuales 143 millones 780 mil 268 pesos se destinan a la operación de la Agencia.
Mientras que 700 millones de pesos al subsidio estatal y 1,611 millones de pesos a ingresos propios proyectados mediante la recaudación de tarifas de los usuarios.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Agencia de Transporte de Yucatán (@agencia_aty)
Hasta el momento, la Agencia de Transporte de Yucatán reporta un ejercicio de 1,550,570,573 pesos, integrado por 937,122,117 pesos del subsidio estatal y 613,448,455 pesos de ingresos propios.
¿Cómo se define el presupuesto del transporte público en Yucatán?
El presupuesto de egresos es una facultad exclusiva del Ejecutivo en su formulación y del Congreso en su aprobación, de conformidad con la Constitución y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Sin embargo, la administración estatal ha considerado indispensable consultar y escuchar a los distintos actores del transporte para asegurar que las proyecciones financieras sean realistas, responsables y acordes con la política pública de movilidad.