Profepa clausura carbonería en Campeche tras detectar operación ilegal
En el lugar, ubicado en la carretera Chiná–Tixmucuy, en Campeche, se elabora carbón vegetal con madera obtenida de manera ilegal
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total y temporal un centro de almacenamiento y transformación de materias primas forestales dedicado a la producción de carbón vegetal.
El sitio, ubicado en la carretera Chiná–Tixmucuy, en Campeche, fue cerrado por no contar con la documentación que acreditara su legal funcionamiento ni la procedencia de la madera utilizada.
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¿Por qué clausuró Profepa el centro carbonero en Campeche?
La clausura se llevó a cabo debido a que el responsable del sitio no presentó los documentos que acreditaran la legal operación del centro ni la procedencia de la madera empleada.
Tampoco contaba con el libro de registro de movimientos de materias primas forestales, un requisito obligatorio para este tipo de establecimientos.
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¿Qué se halló durante la inspección de la Profepa?
Durante una visita de inspección realizada el 29 de septiembre, personal de la Profepa detectó tres áreas con 27 hornos operativos y grandes volúmenes de materia prima forestal sin justificar.
En el sitio se aseguraron 24.882 metros cúbicos de rollo de materia prima y 2.6 metros cúbicos de madera en rollo, que quedaron bajo resguardo mientras continúa el procedimiento administrativo.
¿Qué sigue tras la clausura en Campeche?
La Profepa informó que las materias primas aseguradas permanecerán depositadas en el lugar mientras se desarrolla el procedimiento administrativo.
Una vez concluido, se determinarán las sanciones y medidas correspondientes conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
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¿Cuál es la pena por tala ilegal en México?
La tala ilegal es un delito federal en México y puede castigarse con penas de 6 meses a 9 años de prisión, además de multas que van de 100 a 3 mil días, según lo establece el Artículo 418 del Código Penal Federal.
Estas sanciones aplican tanto para quienes derriban árboles sin autorización como para quienes transportan, almacenan o transforman madera sin acreditar su procedencia legal.
Dentro de áreas naturales protegidas, la pena puede aumentar hasta en una mitad. A nivel administrativo, la Profepa también puede imponer multas equivalentes a más de 2 millones de pesos.
Además de ordenar el aseguramiento de la madera y herramientas, y aplicar la clausura temporal o definitiva de los centros de operación forestal.
