Más de 40 mil empleados públicos se beneficiarán con los cambios al sistema de pensiones tras lo aprobado en el Congreso de Yucatán
El Congreso del Estado aprobó, por mayoría, una reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), con la cual se reducen los años para la jubilación y se refuerza la protección de los fondos laborales.
La iniciativa, impulsada por el gobierno estatal y respaldada por Morena, Movimiento Ciudadano y partidos aliados, fue rechazada únicamente por el PAN, que advirtió un riesgo para las finanzas públicas.
La nueva legislación busca revertir los efectos de la reforma aprobada en 2022, durante la administración anterior, que según los diputados morenistas afectaba los derechos de más de 40 mil trabajadores; coincidiendo en que se trata de una medida de justicia social y reparación histórica para quienes dedican su vida al servicio público.
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Entre los puntos más relevantes se encuentra la reducción en los años de servicio requeridos para acceder a una jubilación: ahora las mujeres podrán hacerlo con 28 años y los hombres con 30.
También se restablece la opción de pensionarse de forma proporcional con 15 años de servicio y 55 de edad, lo que amplía las posibilidades de retiro digno. Además, se eliminó el llamado salario regulador y se congelaron las cuotas de aportación hasta 2030.
Otro punto destacado es la protección de los fondos de los trabajadores, ya que la nueva legislación prohíbe que sean utilizados en inversiones de riesgo. Los legisladores afirmaron que estas modificaciones garantizan estabilidad financiera al instituto y aseguran que los recursos se destinen exclusivamente al bienestar de los afiliados.
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La bancada del PAN fue la única que votó en contra de la reforma, argumentando que podría desbalancear las finanzas estatales a mediano plazo. El diputado panista Roger Torres Peniche señaló que la reducción en los años de servicio y el congelamiento de cuotas comprometen los ingresos futuros del instituto y del propio gobierno.
En respuesta, diputados de Morena y Movimiento Ciudadano rechazaron las acusaciones de irresponsabilidad financiera. El presidente de la Junta de Gobierno, Wilberth Monforte Marfil, señaló que la reforma es justicia laboral a los trabajadores del estado.
“Hoy se prioriza a la gente por encima de los negocios”, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
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Alejandro Chulim Cimé, secretario general de la Sección 57 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dijo que los cambios se tienen que hacer de manera responsable y aunque se están tomando en cuenta puntos principales, hay otros que deben seguirse trabajando.
“Estamos conformes por el momento porque esto nos viene a ayudar mucho, pero hay otros temas que se van a ir mejorando”, aseguró.
Por otro lado, Luisa Martín Puc dirigente del Sindicato Progresista del Poder Judicial del Estado aplaudió la apertura del actual gobierno para hacer las modificaciones necesarias para proteger las inversiones, así como para reducir la edad de jubilación entre otros cambios, señaló que no es todo lo que deseaban, pero reconocen un avance.
“El Poder Judicial aplaudimos este avance, esperamos que se siga revisando cada año y recuperar las conquistas que teníamos y más”, señaló la líder sindica.
