Plantean reformas para fortalecer la seguridad en escuelas de Coahuila y garantizar derechos del magisterio.
La seguridad dentro de los planteles educativos y la protección de los derechos laborales del personal docente serán algunos de los principales temas que llegarán al próximo periodo ordinario del Congreso de Coahuila.
El diputado local Álvaro Moreira Valdés adelantó que trabaja en una serie de iniciativas enfocadas en mejorar las condiciones para maestros, estudiantes y trabajadores administrativos.
Entre las propuestas destaca una reforma al Código Penal del Estado para brindar mayores herramientas legales que protejan a los docentes durante el desempeño de sus funciones, además de revisar los protocolos de seguridad en la infraestructura escolar y analizar los procedimientos relacionados con la suspensión de salarios cuando un profesor enfrenta alguna investigación administrativa o legal sin que exista una resolución definitiva.
El legislador explicó que estas iniciativas serán enriquecidas mediante mesas de trabajo y foros con integrantes de la comunidad educativa, con el objetivo de construir propuestas que respondan a las necesidades reales de las escuelas en la entidad.
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Uno de los principales objetivos del paquete legislativo consiste en fortalecer las condiciones de seguridad dentro de los centros educativos, tanto para quienes imparten clases como para el alumnado y el personal administrativo.
De acuerdo con lo planteado por el diputado, las iniciativas contemplan abrir espacios de diálogo con directivos, docentes, padres de familia, especialistas y autoridades educativas para conocer las principales problemáticas que enfrentan actualmente los planteles.
El propósito es que las reformas no únicamente atiendan situaciones relacionadas con hechos de violencia, sino que también incorporen estrategias preventivas que favorezcan ambientes escolares más seguros y saludables.
Entre los temas que serán analizados se encuentra la salud emocional de estudiantes y profesores, al considerar que el bienestar psicológico también forma parte de las condiciones necesarias para desarrollar un entorno educativo adecuado.
Asimismo, se pretende establecer mecanismos que permitan fortalecer la protección de quienes laboran diariamente en las escuelas, generando condiciones que reduzcan riesgos y ofrezcan mayor certeza durante el ejercicio de sus actividades.
Las propuestas también contemplan revisar la coordinación entre autoridades educativas y organismos encargados de la seguridad para mejorar la respuesta ante cualquier situación que pueda poner en riesgo a la comunidad escolar.
El legislador señaló que la intención es construir iniciativas con la participación directa de quienes viven diariamente la realidad de las escuelas, de manera que las reformas respondan a necesidades concretas y puedan aplicarse de forma efectiva.
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Uno de los proyectos que será retomado durante el siguiente periodo legislativo tiene su origen en un caso de agresión que sufrió un maestro por parte de un exalumno meses atrás, situación que abrió el debate sobre la necesidad de fortalecer la protección jurídica de quienes desempeñan labores educativas.
La iniciativa plantea realizar adecuaciones al Código Penal de Coahuila con el propósito de brindar mayores garantías legales a los docentes mientras ejercen su profesión.
Según explicó el legislador, la intención no es únicamente sancionar conductas violentas, sino también generar un marco jurídico que reconozca los riesgos que pueden enfrentar los trabajadores de la educación durante el desempeño de sus funciones.
De manera paralela, se busca revisar las condiciones de seguridad física en los planteles escolares. En este sentido, adelantó que será necesario analizar los estándares mínimos de infraestructura y los protocolos de prevención, especialmente en aquellas escuelas donde se han registrado accidentes relacionados con deficiencias en instalaciones o construcciones.
El planteamiento incluye revisar la correcta aplicación de las normas de seguridad en proyectos de mejoramiento escolar, con el objetivo de disminuir riesgos tanto para estudiantes como para el personal docente.
Las reformas también pretenden impulsar una cultura de prevención que permita identificar oportunamente posibles situaciones de riesgo antes de que se traduzcan en incidentes dentro de las instituciones educativas.
Otro de los temas que el diputado pretende llevar al análisis legislativo está relacionado con los procedimientos administrativos que afectan económicamente a docentes mientras enfrentan investigaciones derivadas de denuncias o señalamientos presentados por integrantes de la comunidad escolar.
Actualmente, algunos profesores pueden enfrentar la suspensión o retención total de sus percepciones durante el desarrollo de estos procesos, aun cuando todavía no exista una resolución definitiva por parte de las autoridades competentes.
Ante esta situación, el legislador consideró necesario revisar la legislación y los mecanismos administrativos para garantizar procedimientos equilibrados que respeten los derechos de todas las partes involucradas.
Precisó que la propuesta no busca impedir las investigaciones ni limitar la atención de denuncias cuando existan, sino analizar si las medidas aplicadas resultan proporcionales mientras se determina la responsabilidad correspondiente.
Desde su perspectiva, resulta indispensable encontrar un equilibrio que permita proteger tanto a estudiantes y padres de familia como a los trabajadores de la educación, respetando el principio de presunción de inocencia y el debido proceso.
Las iniciativas serán discutidas durante el próximo periodo ordinario del Congreso local, donde se espera que las aportaciones de especialistas, autoridades educativas y representantes del magisterio permitan enriquecer las propuestas antes de su eventual presentación formal.
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