El gobierno de Donald Trump ordenó a bancos y reguladores reforzar la revisión sobre la ciudadanía de sus clientes para detectar posibles riesgos ligados a personas sin estatus legal.
Donald Trump firmó este martes una orden ejecutiva que instruye a bancos y reguladores financieros a reforzar la supervisión sobre la ciudadanía de sus clientes. La medida forma parte de una estrategia más amplia para endurecer las acciones contra personas que viven en el país sin autorización legal.
El documento ordena a las agencias federales y a los propios bancos buscar indicios de que personas sin estatus migratorio regular abren cuentas bancarias, solicitan préstamos o acceden a tarjetas de crédito.
Aunque el anuncio generó inquietud en el sector financiero, la disposición final resultó menos agresiva de lo anticipado.
Reportes previos indicaban que la Casa Blanca planeaba obligar a los bancos a recopilar de manera formal información sobre la ciudadanía de todos sus clientes, lo que finalmente no se incluyó como requisito obligatorio.
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Según la administración de Donald Trump, permitir el acceso a servicios financieros a personas sujetas a deportación podría generar riesgos crediticios.
El razonamiento es que, si un cliente es expulsado del país, podría dejar de cumplir con sus obligaciones financieras, como el pago de préstamos.
La medida busca detectar a clientes sin estatus legal, pero evita exigir datos obligatorios de ciudadanía. Foto: X (@mhahaber_)
En ese sentido, el gobierno afirmó que no permitirá riesgos para el sistema financiero derivados de la extensión de crédito a “extranjeros inadmisibles y sujetos a deportación”.
Hasta ahora, no hay datos públicos concluyentes que respalden esta preocupación. Históricamente, los bancos en Estados Unidos no han recopilado información sobre el estatus migratorio o la ciudadanía de sus clientes, por lo que no existen cifras claras sobre el nivel de riesgo que este grupo representa.
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La medida se suma a una serie de acciones impulsadas por la administración de Donald Trump para reforzar el control migratorio, ahora extendiéndose al ámbito financiero.
Aunque su impacto inmediato aún es incierto, abre un nuevo frente en el debate sobre el acceso a servicios básicos para personas sin estatus legal en Estados Unidos.
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