Más del 50% de la fuerza laboral en México opera en la informalidad. En Tamaulipas, este fenómeno convive con el crecimiento industrial.
Tamaulipas vive hoy una dualidad económica difícil de ignorar. Por un lado, el estado se consolida como un actor clave en la generación eléctrica y la logística fronteriza; por el otro, miles de familias dependen de la economía informal, una actividad que genera ingresos inmediatos pero carece de protección social y estabilidad a largo plazo.
Este fenómeno no debe interpretarse como falta de voluntad por parte de los emprendedores, sino como el resultado de un sistema que, en la práctica, expulsa a los pequeños negocios hacia la irregularidad debido a la complejidad y el alto costo de mantenerse dentro del marco legal.
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De acuerdo con un diagnóstico reciente de CONCANACO SERVYTUR, la economía informal es el síntoma de un sistema agotado, no una decisión deliberada de evasión.
A nivel nacional, el 55.4% de las personas ocupadas trabaja en la informalidad, mientras que en el sector de las MiPyMEs —columna vertebral de la economía local— el 67% opera fuera de la formalidad.
Esta situación es más marcada en las microempresas, donde el 75% permanece al margen del sistema, sin acceso a derechos laborales, financiamiento ni certidumbre jurídica para el desarrollo de las familias.
Uno de los principales obstáculos señalados por la Confederación es la barrera económica de entrada. Abrir un negocio en México puede implicar un gasto inicial cercano a los 28 mil pesos solo en trámites.
Para una microempresa familiar en Tamaulipas, esta cifra, sumada a la carga administrativa y la ausencia de incentivos fiscales, convierte la formalidad en un lujo difícil de alcanzar.
La informalidad termina funcionando como una “salida de emergencia” ante un entorno que no garantiza condiciones de permanencia. Esto se refleja en la pérdida de registros patronales ante el IMSS, mientras aumentan las altas de personas físicas en el SAT: se emprende, pero no siempre se generan empleos formales y estables.
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La economía informal no es marginal. Aporta el 25.4% del PIB nacional, equivalente a más de seis billones de pesos, pero lo hace en condiciones de alta vulnerabilidad.
Como advierte Octavio de la Torre, presidente de CONCANACO SERVYTUR, no hay victoria en estas cifras cuando detrás existen millones de personas sin seguridad social.
Además, se genera un “piso disparejo” donde los negocios que cumplen con la ley compiten en desventaja frente a quienes operan sin cargas fiscales ni regulatorias, debilitando al comercio formal y frenando el crecimiento sostenido de estados como Tamaulipas.
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Ante este panorama, la Confederación plantea una ruta clara para transformar la economía informal en empleo digno mediante seis frentes estratégicos:
Formalización fácil: simplificación regulatoria con enfoque municipal.
Productividad digital: capacitación para vender más mediante tecnología.
Inclusión financiera: acceso real a crédito para negocios familiares.
Incentivos reales: deducibilidad al 100% de los costos de nómina.
Articulación territorial: trabajo barrio por barrio para atender necesidades locales.
Seguridad y paz: protección contra extorsión e inseguridad que fomentan la informalidad.
